Autores principales: Renzo Lavin & Carolina Cornejo (ACIJ)
Autores colaboradores: Sruti Bandyopadhyay (World Bank)
- Módulo 01
- Otros actores externos interesados
La oficina judicial y fiscalía
Interacción entre las EFS y la oficina judicial y fiscalía
La interacción entre las EFS y el sistema judicial tradicionalmente se ha limitado a la presentación de denuncias en nombre de las EFS en relación con el descubrimiento de la actividad ilícita. La interacción también puede darse mediante una petición del sistema judicial y los fiscales para obtener información de las EFS con respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo.
Sin embargo, esta interacción puede ser mucho más ambiciosa y productiva. A modo de ejemplo, la fiscalía y las EFS podrían establecer acuerdos de cooperación que complementen el trabajo de cada entidad y mejoren los esfuerzos de intercambio de información valiosa. Los funcionarios que pertenecen a estos organismos podrían crear oportunidades de formación horizontales para identificar los problemas estructurales y compartir estrategias de investigación.
¿De qué forma se puede mejorar la interacción entre estas entidades y las EFS para intensificar la rendición de cuentas?
El sistema judicial a menudo es la rama del gobierno menos acostumbrada a la política y a la rendición de cuentas. Por esa razón, los organismos de supervisión, tales como las EFS pueden facilitar y promover cambios en las prácticas de rendición de cuentas de los jueces y fiscales.
Por un lado, podrían favorecer la rendición de cuentas horizontal que esta rama tiene que llevar a cabo, ya sea mediante el fortalecimiento de sus propias capacidades de supervisión en los casos en los que las EFS son el organismo experto, o la colaboración con otros órganos de supervisión expertos.
Por otro lado, las EFS y el sistema judicial pueden cooperar entre sí para fortalecer las posibilidades de responsabilidad social. Esto puede ocurrir a través de diversas estrategias: como auditorías públicas en las que ambos organismos presentan sus hallazgos acerca de temas comunes a la ciudadanía y los someten a la consideración pública, las llamadas al público para promover los temas que requieren una auditoría conjunta, y otros.
Vedadores Ciudadanos para la Integridad se lanzó en 2007 para promover el compromiso de la ciudadanía con los procesos de transparencia de la administración pública mediante la instalación de un “vedador ciudadano”, un mecanismo de participación para ejercer el control social en el uso de los recursos públicos. El vedador ciudadano actuó como enlace entre la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay, el fiscal general, y el poder judicial para el seguimiento de las causas de delitos contra el patrimonio del estado. La iniciativa también contribuyó a la difusión de los resultados de los casos de corrupción.
Este programa fue dirigido por el CEAMSO, una ONG local, que tuvo la responsabilidad de hacer un llamado público para identificar aquellos ciudadanos que deseaban convertirse en vedadores ciudadanos y elaboró materiales de capacitación sobre técnicas de supervisión. El Departamento de Control Ciudadano de la CGR estaba a cargo de coordinar con las OSC las actividades del vedador ciudadano, lo que supuso el seguimiento de los casos de corrupción pendientes, que habían sido entregados al fiscal general por la CGR y que habían sido investigados. En este sentido, la CGR articuló acciones con el fiscal general y el poder judicial a fin de promover la participación ciudadana para observar el proceso, hacerlo más transparente, y garantizar el acceso público a la información relacionada con cómo se manejan los informes de corrupción.
Con los primeros vedadores ciudadanos formados y certificados por la CGR (más de 120), se creó un organismo de seguimiento, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, integrado por las OSC. En 2008, en la segunda etapa de este programa, las organizaciones y la EFS ampliaron el alcance de la acción y los resultados y trabajaron en conjunto con la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay para incorporar a los vedadores ciudadanos dentro de la estructura orgánica de las Comisiones Vecinales de Asunción.